LIBERTAD A TODOS LOS PRISIONEROS POLÍTICOS DEL PERÚ, RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA VIDA DEL PRESIDENTE GONZALO.

Denunciamos que en Perú, el prisionero político Abimael Guzmán Reinoso (Presidente Gonzalo) se encuentra gravemente enfermo. Una fuerte infección estomacal que pudo ser curada de haberse brindado la atención médica requerida, lo tiene postrado y en grave riesgo. La causa verdadera es que nunca se le ha permitido ser atendido en un hospital ni recibir la atención necesaria en la celda de la Base Naval del Callao ilegalmente convertida en centro de reclusión y tortura de los prisioneros de guerra con la restricción de todos sus derechos. Se les aplica la ley general de excepción antiterrorista y, a partir de eso, a él como a otros prisioneros de guerra y presos políticos se les niegan los beneficios de la ley, se les hacen nuevos cargos y se reinician juicios condenatorios, ahora fabricando totalmente nuevos cargos: tráfico de drogas, secuestro y lesa humanidad. Les imponen cadena perpetua –inexistente en el momento de los hechos juzgados- y para impedir “legalmente” la libertad de los que ya cumplieron su pena máxima. En el caso concreto del Presidente Gonzalo se aplica aislamiento absoluto y perpetuo, reclusión 23 de las 24 horas diarias en celda separada, negación de visita conyugal, registros o cateos y, como ahora, negación de atención médica que se convierte en negación al derecho a la salud e incluso a la vida, aplicando así una política de exterminio contra los comunistas como parte de su ofensiva general contrarrevolucionaria.

Se castiga a los que dirigieron en el Perú una guerra revolucionaria contra la explotación y opresión, en los 80, de un sistema semifeudal, semicolonial y de capitalismo burocrático que mantenía sumidas en el hambre y la miseria, la postergación y el atraso a la inmensa mayoría de peruanos, particularmente a los campesinos pobres. Negando así el principio universal de que la soberanía radica esencialmente en los pueblos que tienen el derecho de cambiar el sistema económico y político opresivo.

Una vez concluida esa guerra, hace 25 años, fue propuesta por el Presidente Gonzalo la celebración de conversaciones para poder firmar acuerdos de paz, mismas que fueron negadas; hoy se lucha por amnistía general y reconciliación nacional. El Estado ha respondido aplicando leyes procesales y procedimientos de excepción, además de otras negaciones de derechos. En la vida política se tiene sometidos a juicios, bajo sanciones falsas, a persecución y muerte civil a ex prisioneros políticos. Y más recientemente, se está incluso judicializando el derecho universal a darles digna sepultura a sus seres queridos asesinados y el hecho de haber enterrado los restos de prisioneros masacrados, negándoles a sus familiares el derecho de honrar y sepultar a sus muertos.

Todo este régimen de excepción es derecho penal propio de las dictaduras abiertas que también rige en las aparentes o falsas democracias y evidenciando la crisis del sistema capitalista y de la democracia burguesa.

La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, no es un accidente, es un resultado de la putrefacción de este sistema: el imperialismo, fase superior y última del capitalismo en fuerte descomposición y proceso de muerte, no engendra democracia, engendra fascismo. Trump como Hitler y Musolini, entre otros, son prueba de ello. En Perú, y en México, padecemos gobiernos serviles a ese imperialismo, y eso explica sus campañas de odio contra los revolucionarios y contra el derecho a ser comunistas, así como en el caso de México, la prolongada guerra contra el pueblo, guerra contrarevolucionaria, disfrazada de guerra contra el narcotráfico, ordenada y subsidiada por los imperialistas gringos que ha provocado más de 300 mil asesinados y millones de desplazados y es una de las causas, junto a las crisis económicas recurrentes, de la emigración de otros tantos millones.

Denunciamos y rechazamos el atentado contra la salud y la vida del querido y respetado Presidente Gonzalo, gran dirigente histórico marxista-leninista-maoísta. Nos unimos a la exigencia de permitirle hospitalización y atención médica urgente y adecuada. Rechazamos la farsa de juicio contra ciudadanos peruanos con falsos cargos y procesos amañados. Reivindicamos el derecho de los familiares a enterrar a sus muertos y rendir homenaje a su sacrificio por las hordas asesinas del Estado y por el derecho de sus familiares a hacerlo. Respeto a la vida del Presidente Gonzalo y todos los presos y prisioneros políticos que participaron en la guerra revolucionaria del Perú.

¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO!

¡VIVA LA UNIDAD INTERNACIONAL 

DE LOS PARTIDOS COMUNISTAS!

¡CONTRA LA POLÍTICA DE ODIO, VENGANZA Y PERSECUCIÓN!

¡VIVA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL!

MARISOL PÉREZ TELLO: 

ODIO Y CEGUERA FRENTE A LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA GUERRA INTERNA

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, en declaraciones del 20 de febrero al programa Redes y poder de ATV+, se desboca en sus posiciones reaccionarias de ultraderecha respecto a la guerra interna vivida en el país.

Esta “demócrata” dice, respecto al mausoleo de Comas: “me gustaría, como peruana que sufrió el terrorismo”, “demolerlo yo con las manos”. Pero, como no quiere ensuciárselas, propone hacerlo mediante “una ley específica”. Claro, sería una ley “democrática”… con nombre propio, para ensañarse no solo con los restos de las víctimas del genocidio de los penales en 1986, cubriéndolos ahora con los escombros de sus nichos, sino también se ensaña con los familiares de las víctimas, a quienes les negaron los restos de sus seres queridos por treinta años y ahora pretenden negarles el elemental derecho a sepultarlos y honrarlos según sus creencias. Lo que evidencia la ministra es el odio reaccionario contra los revolucionarios y la persecución política que la extiende a los familiares de las víctimas. La ministra es de “derechos humanos”, como ella misma precisa en la entrevista. Derechos que, según sus defensores, tienen todos los seres humanos. Según sus declaraciones, los revolucionarios y sus familiares no tienen tales derechos. Entonces, ¿cómo los considera? ¡Como subhumanos!

Luego habla de la guerra interna y de la acción del actual gobierno respecto a algunos problemas dejados por ella. Dice: “lloro por Accomarca (…) y lloro por Cayara. Porque es mi país y son nuestros muertos que generó el terrorismo, y hay que decirlo claro y fuerte”. Pero, sin inmutarse por su incoherencia, dice después: “Las víctimas fueron ciudadanos y ciudadanas que estaban entre dos fuegos: malos agentes —porque los hubieron (sic) buenísimos, y honor y gloria para ellos—, y terrucos que iniciaron esta locura”.

Resulta que los genocidios de las FFAA y FFPP del Estado, como los mencionados por ella, ¡son responsabilidad de los revolucionarios! ¿Por qué? ¡Porque el PCP inició la guerra! Posición que se comprende en una reaccionaria como ella que está de acuerdo con la línea y política genocida que aplicó el Estado durante la guerra interna, y considera que la guerra no tiene causas históricas ni sociales y tampoco reconocen que son las clases dominantes las principales responsables de la guerra por sostener el sistema de explotación y opresión.

Y se precia de tener “gran visión histórica”. Dice: “Si uno no quiere estudiar la historia y entenderla en su dimensión, la va a repetir. Y todo el esfuerzo que voy a hacer va a ser para que la verdad se diga: cómo fue”. Claro, pues, esa “verdad” no es la verdad histórica sino la verdad del Estado, la verdad de los vencedores. De quienes aplicaron una línea y política genocida, sembraron el país de fosas comunes y desparecieron pueblos mediante genocidios, y después de 25 años del término de la guerra interna siguen sembrando odio, venganza y persecución política. 

Su posición es representativa de la más torpe ultraderecha peruana, ciega ante la historia y las necesidades del país, ¡estando a cuatro años del bicentenario de la independencia! Oportunidad propicia para cerrar el capítulo de la guerra interna mediante una solución política, amnistía general y reconciliación nacional.

Ella, falsa demócrata y real déspota, desde su posición de ministra defiende la explotación capitalista y persigue con rencor todo lo que cuestione el sistema de hambre y opresión que vivimos. De ahí que reconozca que está muy preocupada en “hacer cumplir que no haya terrucos enseñando en los colegios del Perú” y en sacar de “El ojo que llora” las piedras con nombres de revolucionarios asesinados por las fuerzas del Estado, por ejemplo. Falsa cristiana que desdice lo que la Iglesia enseña sobre la reconciliación: la gratuidad del perdón sin importar el destinatario, que la reconciliación es para toda la humanidad, no hay excepción, sean víctimas o victimarios.

Por eso también manifiesta su desacuerdo con el fallo de la Corte Interamericana de DD.HH. sobre el genocidio en el penal de Castro Castro, mayo de 1992, y reconoce que el Estado peruano procede en contra de dicho fallo y sostiene torpemente el incumplimiento de un fallo internacional. Así, apoyándose en la ley que crea el Registro único de víctimas, recuerda que su artículo 4° establece: “No podrá ser considerado víctima ni un terrorista —y acá se elimina la presunción de inocencia por ponderación de bienes— ni un procesado por terrorismo hasta que se defina su situación jurídica”. Por tanto, los “terroristas”, sin importar que hayan sido asesinados, desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente, etc., no son víctimas y están bien muertos. Así, no interesa que la mayoría de víctimas de los genocidios de El Frontón, Lurigancho, el Callao y Canto Grande, por ejemplo, eran inculpados o que incluso algunos fueron absueltos por los tribunales: todos ellos no son víctimas y están bien muertos. Otra “perla” más de la ministra de “justicia y derechos humanos”, que refleja las posiciones de la reaccionaria ultraderecha peruana.

Y, por otro lado, sostiene que la CVR cargó demasiados muertos en las FFAA y FFPP porque “apareció en una coyuntura en la cual se puso en evidencia que había habido agentes del Estado que habían violado los derechos humanos; eso hay que volver a trabajarlo”. Así, se propone “corregir” este “error” de la CVR, revelando su posición de mayor defensa de las FFAA genocidas.

Al final, después de mencionar la acción del gobierno actual respecto a algunos problemas dejados por la guerra interna, dice: “Hay mucho por hacer en nuestro país. Y hay que hacerlo aunque inicialmente uno reciba algunos comentarios más o menos ácidos…” Por tanto, en vez de abrir campo a la solución política a pocos años del bicentenario, preparan más campañas macartistas e inquisitoriales, como en la farsa de juicio del caso Tarata, contra los revolucionarios y contra quienes cuestionan el sistema capitalista.

La ultraderecha peruana viene montando un conjunto de juicios contra el doctor Abimael Guzmán y los dirigentes del Partido Comunista del Perú —incluyendo a quienes ya cumplieron los 25 años de sentencia que el Estado les impuso—, imputándoles nuevos “delitos”, como el de lesa humanidad, con el claro objetivo de encerrarlos de por vida. 

Juicios que no solo violan principios del derecho y las propias normas del Estado peruano, sino que constituyen una farsa, como el caso Tarata, porque ya se judicializó y hubo sentencias condenatorias. Y es más, en el llamado megaproceso se sentenció a los dirigentes del PCP por todos los hechos de la guerra popular. Por todos los hechos. Sin embargo abren nuevos juicios por algunos de ellos. Lo claro y concreto es que el Estado peruano prosigue con su política de odio, venganza y persecución contra quienes se rebelaron contra el sistema y lucharon por su transformación radical, y pretende sepultarlos de por vida en prisión.

Esta farsa de juicio también refleja el temor cerval de la ultraderecha reaccionaria del Perú frente el avance de los comunistas y revolucionarios en su lucha contra el sistema capitalista que aquellos defienden. Así como el temor ante el avance de la verdad histórica en la mente y el corazón del pueblo, especialmente de la juventud. De ahí que estén usando el hecho de Tarata —criticado por la misma dirección del PCP, como es de público conocimiento—, para pretender desprestigiar al PCP y la guerra que dirigió, y apartar a las masas de la revolución. Y lo levantan a sabiendas de que la misma DINCOTE reconoce que Tarata no fue el objetivo que iban a golpear. ¡Repudiamos esta farsa de juicio!

¡DEFENDER LA VIDA Y SALUD DEL PRESIDENTE GONZALO, EL MÁS GRANDE MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA VIVIENTE Y COMUNISTA HASTA EL FIN!

¡EXIGIMOS MÉDICO DE PARTE Y CIERRE DEL PENAL MILITAR DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO!

Febrero del 2017 

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Los prisioneros políticos vinculados al Partido Comunista del Perú, confinados en el penal “Miguel Castro Castro”, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1. Expresamos nuestro apoyo y solidaridad con el prisionero político, Dr. Abimael Guzmán Reinoso, quien desde hace tres meses se encuentra muy delicado de salud –lo supimos a raíz del inicio del juicio oral sobre el caso Tarata-, con un cuadro estomacal severo y deshidratación, además sin diagnóstico ni tratamiento, según denunciaron en la audiencia su abogado defensor y su esposa, la profesora Elena Yparraguirre. Así mismo, supimos que hace varios meses ella viene pidiendo infructuosamente que lleven al Dr. Guzmán a un hospital para así tener un diagnóstico certero, y que hace un mes le llevan suero a la Base Naval porque allí no le proporcionan. Rechazamos con indignación el ensañamiento y entraña inhumana del Estado Peruano.

2. Respaldamos la denuncia pública hecha por la profesora Elena Yparraguirre y su abogado, el Dr. Alfredo Crespo B., en el sentido de que el estado actual de salud del Dr. Guzmán es consecuencia del prolongado aislamiento absoluto y negación de todos sus derechos, que en todos los años de su larga carcelería nunca ha tenido una atención especializada en el hospital, a pesar de que por su avanzada edad y sus enfermedades lo requiere, ni tampoco las autoridades de ese Penal permiten el ingreso de un médico de parte. Que desde el pasado mes de diciembre, al presentar el mismo cuadro sin solución, su esposa interpuso 3 habeas corpus, y la resolución del Trigésimo Sexto Juzgado Penal del Lima, del 24 de noviembre, exige al Presidente del INPE que se le proporcione atención médica y tratamiento; pero las autoridades correspondientes incumplen las decisiones judiciales y la Marina y el INPE eluden sus responsabilidades y no le proporcionan ni las medicinas ni el suero ni la dieta que su salud y edad requieren, todo lo cual constituye un maltrato y tortura, una flagrante violación de sus derechos a la vida y a la salud. Por lo que es legítimo preguntarse: ¿Qué buscan? ¿Cuál es la intención? ¿dejarlo morir?

Respaldamos cabalmente y nos unimos al pedido de nuestra compañera Elena Yparraguirre Revoredo y su abogado de que el Dr. Guzmán sea trasladado inmediatamente a un hospital, y deseamos sinceramente su pronta recuperación.

3. Finalmente, denunciamos ante la opinión pública que el Penal Militar de la Base Naval del Callao continúa siendo un centro de tortura, donde el Dr. Guzmán, con 82 años de edad, y siendo un civil, está recluido desde hace 25 años en perpetuo aislamiento inconstitucional, bajo custodia de la Marina de Guerra del Perú, y en un penal donde no existen las condiciones que permitan el cumplimiento del objeto de la pena, pues sus derechos fundamentales le son negados o restringidos sistemática e indefinidamente, desconocimiento en los hechos su condición de persona. El Penal Militar de la Base Naval debe ser cerrado.

¡Atenciòn y tratamiento médico inmediato al Dr. Abimael Guzmán!

¡Exigimos Médico de Parte!

¡Cierre del Penal Militar de la Base Naval del Callao!

Por ello hacemos responsable al estado peruano y gobierno de turno de la salud y vida del abogado Abimael Guzmán Reinoso, prisionero político de 82 años de edad.

Santiago, 22 de Febrero del 2017

1) Expresar nuestro apoyo y solidaridad con el Dr. Abimael Guzmán Reinoso, quien desde hace tres meses se encuentra muy delicado de salud, con un cuadro estomacal severo y deshidratación, sin diagnóstico ni tratamiento, razón por la cual no pudo asistir al inicio del juicio oral y hacemos votos por su pronta recuperación. 

2) Denunciamos que su estado actual de salud es a consecuencia del prolongado aislamiento absoluto y negación de todos sus derechos, en el Penal Militar de la Base Naval del Callao, donde se encuentra recluido desde hace 25 años. En todos estos años nunca ha sido atendido en un hospital, y no recibe la asistencia de un médico especialista que su edad -82 años- y sus enfermedades requieren, y peor aún niegan el ingreso de un médico de parte. ¿Qué buscan? ¿Cuál es la intención? ¿Dejarlo morir? Desde el pasado mes de diciembre, al presentar el mismo cuadro sin solución, se interpusieron 3 Habeas Corpus, y la Resolución del Trigésimo Sexto Juzgado Penal de Lima, del 24 de noviembre, exige al Presidente del INPE que se le proporcione atención médica y tratamiento; pero incumplen las decisiones judiciales y la Marina y el INPE eluden sus responsabilidades y no le proporcionan ni las medicinas, ni el suero, ni la dieta que su salud y edad requieren, eso es un maltrato y tortura que denunciamos y rechazamos. Estas son las razones por las que no pudo asistir al inicio del juicio oral y como sus coprocesados necesitamos su presencia para ejercer plenamente el derecho de defensa. 

3) Respaldamos y nos aunamos al pedido de nuestra compañera Elena Yparraguirre Revoredo y de su abogado el Dr. Alfredo Crespo B., de su traslado inmediato a un hospital para su tratamiento y recuperación. 

DESCARGAR

¡Proletarios de todos los países uníos!

AL PROLETARIADO Y A LOS PUEBLOS 

DEL PERÚ Y EL MUNDO

El Partido Comunista del Perú condena, rechaza y repudia la farsa de juicio montada por la ultraderecha reaccionaria del Perú contra el Presidente Gonzalo, jefatura del Partido y la revolución, el más grande marxista-leninista-maoísta viviente y comunista hasta el fin.

Y contra todos los dirigentes del Partido Comunista del Perú para sepultarlos de por vida en la prisión, desprestigiando al Partido, la revolución, buscando apartar a las masas del Partido porque estas avanzan y apoyan decididas el avance del Partido.

“Los perros ladran, Sancho, señal de que avanzamos” y el Partido Comunista del Perú está avanzando y tiene perspectiva de desarrollo para conducir al pueblo hacia la abolición del capitalismo con revolución socialista.

Por eso, salimos en defensa del Presidente Gonzalo y toda la dirección del Partido Comunista del Perú, en defensa de que lo hecho fue una guerra popular marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo y que nunca el Presidente Gonzalo ni el Comité Central ordenaron ni planificaron, ni fue política del Partido la acción de Tarata ni la vinculación con el narcotráfico.

¡ABAJO LA FARSA DE JUICIO!

¡VIVA EL DESARROLLO DEL PARTIDO Y SU PERSPECTIVA!

¡EL ACTUAL COMITÉ CENTRAL CIERRA FILAS CON EL PRESIDENTE GONZALO Y EXIGE MÉDICO DE PARTE Y CIERRE DEL PENAL MILITAR BASE NAVAL DEL CALLAO!