Se están aplicando leyes procesales y de procedimiento de excepción, empezando por una Sala Penal que viola el juez natural y el propio Presidente del Poder Judicial reconoce que debe reorganizarse porque no tiene base legal.
Siguiendo por que los plazos de prescripción ordinarios no rigen para nosotros, el plazo razonable tampoco y la detención preventiva se sobrepasa del límite normal.
Además de otras negaciones de derechos como la peligrosidad de la persona y la extensión del poder punitivo del Estado o la imposición de la autoría mediata violando la legalidad. Incluso se viola sistemáticamente el debido proceso. Y por último se están aplicando leyes de ejecución penal de excepción como la Base Naval, el confinamiento de Ancón o el Penal Piedras Gordas I, todos sin sustento legal.
Se impone cadena perpetua a todos los dirigentes sin que existiera en el momento de los hechos y para impedir la libertad de los que ya cumplieron su pena máxima.
Todo este régimen de excepción es derecho penal propio de las dictaduras abiertas que también rige en las aparentes democracias (o las farsas de democracias) como la actual. Además, esta farsa se ha montado en la coyuntura específica en que todos los Presidentes vivientes del Perú en los últimos 40 años han sido o están siendo cuestionados por delitos de lesa humanidad o corrupción, evidenciando la crisis del sistema capitalista de explotación y de la democracia burguesa.
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