Bajo la forma del proyecto de ley 1295-2017 o Ley que regula la ejecución de la pena de personas de 75 años de edad se propone el beneficio penitenciario de Liberación Condicional por edad, que permitiría el egreso del interno para cumplir su condena en su domicilio. El artículo único precisa dos disposiciones complementarias: una la inaplicación de normas restrictivas, y dos, la excepción para condenados por terrorismo, violación sexual y narcotráfico.

Mientras que se legisla para la libertad de Fujimori, quien vía este proyecto cumple puntualmente con cada requisito, por otro lado con específica excepción se la niegan a Abimael Guzmán (con sus 82 años y una salud gravemente resquebrajada por las condiciones de ejecución penal de tortura que soporta hace 25 años) y a otros presos políticos. Es una ley con nombre propio que se aplica para Fujimori y no para otros, en contra de normas legales establecidas y, lo principal, en contra de una necesaria reconciliación nacional contra el odio y venganza derivados de la guerra interna que promueve la extrema derecha.

No obstante, en este contexto se han expresado opiniones como la del presidente Kuczynski quien planteó: “tenemos que voltear la página en algunas cosas para tener una sociedad más unida”, reconoce pues que la sociedad peruana no lo está, pero ¿por qué es así? Porque no se quiere tratar la solución política a los problemas derivados de la guerra. También la segunda vice presidenta, Mercedes Aráoz ha dicho: “hay que voltear la página y pensar en el futuro del país... No se trata de un tema de venganza… La historia nos obliga a mirar el futuro y es el momento de mirar al futuro conjuntamente todas las fuerzas políticas”. Y hasta la ministra de Justicia ha dicho que “la cárcel no es una venganza ni debe serlo.” 

Nuestra posición firme y clara es por un Perú reconciliado hacia el bicentenario. Es inaceptable la tortura que significan 25 años de aislamiento absoluto del Dr. Guzmán, que haya más de 25 prisioneras políticas (muchas adultas mayores) presas por 25 años, que se impida la participación política de organizaciones clasistas y de expresos políticos, que se prohíban banderas rojas con la hoz y el martillo, que se persiga a los comunistas por el hecho de serlos, que se prohíban movilizaciones pacíficas como la del 1°. de mayo, que se impidan conferencias de prensa, que se niegue la libertad de expresión como en el caso de los libros del Dr. Guzmán, que se busque demoler nichos con los restos de los revolucionarios, que se mantenga una legislación antisubversiva como arma de guerra contra el pueblo.

El debate debiera centrarse en cómo resolver los problemas derivados de la guerra de los 80s. El congresista Juan Sheput ha dicho que de no conseguirse un consenso “se generará un nivel de confrontación mucho más alto del que tenemos ahora”. PPK ha dicho que hace falta un “debate a nivel nacional”. Otros como Mirko Lauer y el propio jefe de la Policía Nacional han dicho que no hay apología en la movilización del 1° de mayo; otros como Antezana plantean que se permita la participación política del Movadef. 

Abimael Guzmán ha planteado con sólidos fundamentos que una amnistía general para civiles, policías y militares beneficia al pueblo, sirve a la reconciliación nacional y abona el camino hacia el bicentenario de la república con un Perú reconciliado. Esta posición debe considerarse en el debate nacional.