EDAD: 73 AÑOS
SENTENCIA: 25 AÑOS
TIEMPO DE PRISIÓN: 29 AÑOS

Fui detenido el 11 de julio de 1988 en Lima, torturado reiteradamente por la Dircote, la llamada policía antiterrorista, tuve que ser llevado al Hospital para medicación y luego depositado en el Penal de Canto Grande, Lima.

Fui mantenido un largo tiempo aislado. Sometido a aislamiento hasta el año 91. A mediados del 91 fui trasladado al pabellón 4B. Tras el primer juicio en el que logré ser absuelto, el llamado Comando Rodrigo Franco asesinó a mi abogado Dr. Manuel Febres Flores. Y luego esa sucesión de asesinatos prosiguió contra otros de nuestros abogados, el Dr. Terrones, el Dr. Vásquez Huayca.

Paralelamente los aparatos represivos del Estado Peruano desarrollaron acción represiva genocida contra mis familiares y amigos, y particularmente contra mi suegra y mis hijos. A mi esposa Teresa Durán Araujo la detuvieron en Huancavelica, y la desaparecieron.

En el segundo juicio tras dura contienda legal, y contra la intervención policial descarada, fui sentenciado a 18 años. Mi abogado el Dr. Jorge Cartagena Vargas fue herido en la cabeza por elementos del servicio de inteligencia, su carro volado, y él que sobrevivió fue puesto en prisión, donde falleció tras larga enfermedad.

El Estado Peruano empezó una acción sistemática para intervenir en el Penal de Canto Grande, con el pretexto de “traslado de internas mujeres a otro penal”. De inmediato las agresiones se dirigieron con acciones policiales contra el Pabellón 4B de varones. Sucesivas intervenciones policiales contra ambos pabellones, generaron daños físicos y destrucción de bienes. Por lo que se hizo la gestión para la intervención de organismos internacionales, y se firmó un Acta que dejó sin base las acusaciones del Estado y sus fuerzas represivas.

A pesar de la creciente exigencia de familiares, abogados y hasta de entidades internacionales, de aceptar garantes para que el traslado se realice sin abusos, el Estado preparó su plan genocida. Atacó con personal del Ejército y la Policía, usando armas y explosivos de gran potencia, durante 4 días. Las autoridades actuaron con tal desprecio por la vida de los prisioneros, que los heridos en los primeros días que fueron extraídos del pabellón y puestos en la “rotonda”, patio central, fueron abandonados allí hasta el final, a pesar del acuerdo con la llamada “Fiscal”, que debían ser llevados a un Hospital, por la gravedad de las heridas que tenían.

Finalmente quedó evidente que en Canto Grande querían hacer, lo que hicieron en El Frontón, años atrás: Demoler las estructuras para enterrar a los casi 600 prisioneros. A los cuatro días de resistencia, optamos por salir. Ya todo ello ha sido visto en el Proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano: Ametrallaron a los que salían primero, y luego la matanza fue selectiva, con las listas hechas por Fujimori y su “Servicio de inteligencia”.

Pero no todo terminó ahí: Se nos mantuvo largos días sobre la arena de la llamada “tierra de nadie”, se nos aisló posteriormente a los heridos a unas celdillas, sin mayor atención médica. A palos se llevó a otros al patio del pabellón 1A, y se los mantuvo casi 1 mes en el descampado.

El 5 de junio en medio de una paliza interminable de la policía en el traslado, y de personal del Ejército en nuestro traslado desde Juliaca hasta Yanamayo, llegamos a lo que sería lugar de permanencia durante la siguiente década.

Curamos y supervivimos gracias a nuestra decidida voluntad por vivir, fortalecida por la ideología, política y organización; y al esfuerzo que hizo la Cruz Roja Internacional, por proveernos de atención médica y cuestiones elementales para nuestra supervivencia. Varios meses después finalmente llegaron, después de grandes sacrificios, nuestros familiares. Nos alegró que unos meses luego la entidad internacional nos expresara su reconocimiento por el espíritu de solidaridad, y el orden y trabajo, que expresábamos.

El Estado peruano luego de perpetrar el genocidio en Canto Grande, culpó a un grupo de prisioneros. El juicio respecto al genocidio, el proceso es ‘ejemplar’: Primero los “juicios sin rostro” nos sentenciaron a cadena perpetua, en juicios de 10 minutos para cada uno. 10 años después, con la inconstitucionalidad de la legislación “antiterrorista” ganada por los familiares y prisioneros y ya teniendo la decisión favorable de la Corte Interamericana, hicieron en Lima el nuevo juicio, donde nos absolvieron, considerándonos más bien “víctimas” del Estado. Y ahora se lleva adelante el juicio contra los jefes militares y policiales que concretaron el genocidio.

Desde el 2003 en que fuimos devueltos a Lima se han sucedido varios juicios en nuestra contra. El 2006 debía cumplir la sentencia impuesta de 18 años, pero el Poder Judicial, me incorpora al llamado “megaproceso” el 2005 en la que fui sentenciado a 25 años el máximo legal de la pena en mi caso.

Finalmente, al estar por cumplir la sentencia impuesta de 25 años en junio del 2013, el Estado peruano con el presidente Humala que lo encabezaba pusieron en marcha su plan reaccionario de nuevos procesos judiciales, como lo anunciara con cinismo y desparpajo el entonces Primer Ministro Juan Jiménez Mayor en el Congreso de la República en agosto del 2012 “debemos impedir la salida de Osmán Morote de la cárcel”. Y en cumplimiento de tal disposición el entonces Procurador antiterrorista Julio Galindo declaró: “Mi despacho, con un grupo de abogados, preocupados porque ya se vencían los plazos de los miembros de la cúpula, nos apersonamos a Ayacucho, empezamos a revisar expedientes complejos que no han sido judicializados. Entre ellos encontramos el caso Soras”.

A lo que se suma la acción de la actual Ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, cuando congresista y presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso en noviembre 2012 declaró: “Creo que hay otros caminos. Por eso hemos trabajado en la judicialización del caso Soras… con este juicio Osmán Morote y otros terroristas pasarán más tiempo en la cárcel. Esto puede permitir en términos de sentencias que, por ejemplo, Osmán Morote que iba a salir en libertad, si es que se le acredita su vínculo por autoría mediata pueda permanecer hasta 10 años más en prisión”. “Pensábamos que 17 años no iban a pasar nunca, pero ya pasaron y tenemos que estar listos”.

Y ese plan sigue en marcha hurgando todo lo que consideran sirva para tejer telarañas judiciales.

Así el ardid es de retenernos, como hoy, con sucesivas “detenciones preventivas”. Yo ya cumplí la pena de 25 años, me retienen arbitrariamente 4 años. Tres “detenciones preventivas” me impiden salir, a pesar de haber cumplido la máxima pena posible, en el momento en que fui detenido. Y esas tres se han formulado, a pesar de que en el caso Tarata se ha probado judicialmente que no fue responsabilidad del CC, y yo estaba herido y aislado desde dos meses antes en Yanamayo y no existe ningún elemento válido y real para incluirme en el proceso.

Sobre la ejecución penal, de nada sirve la progresión de “ordinaria mínima”. Me han  recluido con internos de otro régimen, en un bárbaro hacinamiento, y cada vez más obstaculizándome la visita familiar y negándome la visita de amistades que corresponde legalmente. Todo trámite con autoridades es enredado, sin fin.

Mi gratitud al pueblo por su apoyo solidario en la lucha porque se respete nuestro derecho a la libertad.